Un juzgado de Badalona investiga si hay delito en la playa contaminada de Sant Adrià

Un juzgado de Badalona investiga la detección de restos tóxicos e insalubres de ocho metales pesados y un tipo de hidrocarburo que mantienen cerrada desde mayo de 2021 la playa principal de Sant Adrià de Besòs, en el límite con Barcelona. El Ayuntamiento de la localidad confirma que interpuso la denuncia por presuntos delitos contra el medio ambiente y que el juzgado ha abierto una causa por la que le ha requerido información sobre el caso. El consistorio se dirige contra la empresa AFR-IX. La compañía recibió autorización de la Generalitat y del Ayuntamiento para excavar en la playa del Litoral y extender unos cables de fibra óptica conectados a una estación de telecomunicaciones de alcance internacional, situada junto a la central clausurada de las Tres Xemeneies. Tras finalizar las primeras perforaciones, un estudio alertó que habían emergido sustancias potencialmente cancerígenas en una proporción “inadmisible” a nivel superficial de la línea de costa. El informe precipitó que se vallara el tramo de litoral de la localidad de unos 37.000 habitantes. Dos años y medio después, la franja continúa cercada y cubierta de mensajes que alertan de que el paso está prohibido para preservar la salud. Aun así, bañistas y transeúntes siguen colándose por los huecos abiertos en la reja. El Ayuntamiento de Sant Adrià explica que acudió al juzgado para “pedir el tanto de culpa” en los hechos; es decir, para dilucidar una posible responsabilidad penal al advertir indicios de un presunto ilícito. El gobierno de la población del área metropolitana indica que recurrió a la Justicia a raíz de una pregunta sobre el caso de la playa clausurada que un grupo municipal planteó en un pleno municipal. La denuncia acusa a AFR-IX de provocar supuestamente vertidos y no vigilar de forma adecuada las obras que practicó para evitar perjuicios al medio ambiente. Se trata de delitos que pueden conllevar penas de prisión. La empresa expresa que ha aportado al juzgado la documentación que le ha reclamado. A su vez, reitera que la contaminación ya existía en la playa antes de que se cavara y que se atuvo siempre a los permisos y las directrices de las autoridades. Amenaza de multa millonaria En paralelo, el consistorio tuvo abierta una comisión de investigación que se cerró el mismo mes en que presentó la denuncia. Las conclusiones apuntaron a la empresa de telecomunicaciones como presunta responsable de dos infracciones y que procedía que el Ayuntamiento iniciara un expediente sancionador, que podía llegar a acarrear una multa de 2,4 millones de euros contra AFR-IX. El consistorio responde que no lo abrirá mientras las acciones penales sigan abiertas. El hallazgo de los residuos puso de nuevo a Sant Adrià ante la evidencia de que las numerosas industrias químicas, metalúrgicas y eléctricas que albergó durante décadas se marcharon de la ciudad sin limpiar los terrenos que ocuparon. Las fábricas también proliferaron cerca de la orilla. Se deduce que de ahí provienen los desechos peligrosos, soterrados hasta que se escarbó. El informe de la comisión de investigación señaló a AFR-IX por un supuesto vertido e incumplir las licencias concedidas, en línea con los ilícitos que el consistorio imputa a la firma en el juzgado. En el mismo órgano, miembros del gobierno local del PSC y de la compañía discreparon sobre los hechos: el ejecutivo municipal sostuvo que la empresa conocía un estudio que constató la existencia de contaminación industrial a 80 centímetros por debajo de la superficie; en cambio, AFR-IX replicó que no se le avisó del riesgo hasta que las obras tuvieron que ser replanteadas. No es la primera vez que se interpone una denuncia por la playa cancerígena de Sant Adrià. El grupo ecologista local La Marea Verde recurrió ante la Fiscalía en 2021. Atribuyó negligencias al Ayuntamiento, por no haber revelado unos dictámenes de 2017 y 2020 que ya descubrieron la presencia de metales pesados enterrados y haber tardado un par de semanas en impedir la entrada a la playa tras conocer el informe que desaconsejaba mantenerla abierta. El Ministerio Público la archivó. Tras varios retrasos y anuncios fallidos de reapertura, el Ministerio de Transición Ecológica destinó 1,19 millones de euros para limpiar el suelo. Después de que se dieran las labores por acabadas en verano, la Agència de Residus de Catalunya ordenó que se retomaran al seguir hallando el rastro de metales pesados a escasa profundidad en septiembre. Por entonces, estimó que el tramo de costa tardaría aún en reabrir entre cuatro y seis meses; es decir, que seguiría vetada al público hasta el primer trimestre de 2024. Semanas atrás, el fuerte oleaje causado por la borrasca Ciorán se llevó la arena de parte de la orilla de la playa vallada y ha dejado al descubierto un trecho de terreno sepultado hasta hace poco.

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