Fiscalía impulsó la denuncia al alcalde de Badalona por no sancionar a quienes edificaron en un espacio protegido

La investigación judicial que implica desde hace un año a Rubén Guijarro (PSC), hoy alcalde de Badalona, se originó por una denuncia de Fiscalía de abril del 2020 en la que el Ministerio Público reprocha al político no haber tramitado cuando era concejal de Urbanismo un expediente sancionador contra las personas que realizaron una serie de construcciones ilegales (desde una vivienda hasta un gallinero o un invernáculo) en una zona de Badalona del espacio protegido La Conreria-Sant Mateu-Céllecs, en la Serralada Marina. Esta ausencia sancionadora pudiera ser constitutiva, según la denuncia del fiscal a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, de un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio del artículo 320.1 del Código Penal, que castiga con hasta cuatro años de prisión a los funcionarios públicos que con motivo de inspecciones hayan silenciado infracciones de normas urbanísticas. Pese a que la Fiscalía ubica ese marco penal, su escrito no acusa propiamente ni solicita una pena determinada, ya que se trata de una denuncia de los hechos dirigida al juzgado de Badalona que conoce de la instrucción, publicitada a modo de berrinche el pasado jueves por el exalcalde y candidato del PP de Badalona Xavier Garcia Albiol, sobre quien sí pesa -a dos meses de las elecciones municipales- una petición de pena de prisión de Fiscalía por el 'Caso Antenas'. La defensa de Guijarro, por su parte, ha solicitado el sobreseimiento de la causa apelando al carácter meramente administrativo de la controversia. El juez no se ha pronunciado aún al respecto. El fiscal recrimina a Guijarro que, ante el conocimiento -a través de una denuncia de los agentes rurales en agosto del 2018- de que se había edificado "con usos meramente recreativos" en suelo no urbanizable, el por entonces edil de Urbanismo badalonés "decidió voluntariamente" no iniciar de oficio procedimiento sancionador "sabiendo que estaba legalmente obligado a ello". La denuncia del fiscal también se dirige contra Ramón Díaz-Cano, en aquel momento jefe de Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Badalona. No obstante, cabe remarcar que el propio Ministerio Fiscal archivó en mayo del 2019 unas diligencias de investigación en torno a los autores de las edificaciones objeto del litigio asumiendo la "falta de trascendencia penal" de los hechos. Sí hubo petición de derribo Lo que sí hizo Guijarro, según el relato del fiscal, es incoar en agosto del 2019 un procedimiento administrativo para que tanto los propietarios de los terrenos -hay hasta cuatro parcelas en liza, cada uno con sus 'propietarios' y sus 'edificadores'- como las personas que edificaron irregularmente y ocupado sin autorización los terrenos, derribaran las construcciones asumidas como ilegales por el propio consistorio en un plazo de 48 horas. Fuentes jurídicas conocedoras del caso explican a este diario que el por entonces edil de Urbanismo firmó los expedientes administrativos siguiendo el criterio técnico históricamente aplicado por el Ayuntamiento de Badalona, basado en la tramitación separada de la restauración de la realidad urbanística alterada y la correspondiente sanción, escenario previsto en los artículos 199 y 222 de la Ley de Urbanismo. Se trata de un tipo de tramitación que, por ejemplo, también aplica el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en sus procedimientos administrativos. En opinión del Ministerio Público, los citados expedientes resultaban insuficientes ya que en el ámbito de responsabilidad de Guijarro y Díaz-Cano recaía la tramitación de un procedimiento sancionador por "infracciones urbanísticas muy graves" que no tuvo lugar. Sanciones a quienes edificaron Pese a su reconvención, el fiscal admite que Guijarro y Díaz-Cano sí iniciaron un procedimiento sancionador en enero del 2020, "cuando tuvieron conocimiento", apostilla el Ministerio Público, de las pesquisas de la sección de Medioambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Barcelona por "presunta tolerancia administrativa sancionadora urbanística del Ayuntamiento de Badalona". Sin embargo, esta tramitación resulta asimismo insuficiente a ojos de Fiscalía ya que fue únicamente dirigida contra los propietarios de los terrenos, dejando fuera de las ulteriores sanciones a las personas que habían acometido las edificaciones irregulares -sin relevancia penal a ojos de la propia Fiscalía- y ocupado sin autorización las parcelas, "sabiendo que debían dirigir el procedimiento [también] contra ellos". La discrepancia entre la Fiscalía y la defensa de Guijarro reside en el momento en el que se tramita el procedimiento sancionador: mientras el Ministerio Público considera en su denuncia penalmente relevante que no se tramitara a tiempo, la defensa alega que la Ley permite la posibilidad de cursar separadamente la restauración de la realidad urbanística (el derribo) y la correspondiente sanción. "Es una cuestión administrativa" La defensa de Guijarro y el entorno del PSC de Badalona auguran que la causa no prosperará en vista de que se trata de "una cuestión puramente administrativa", en referencia a la discrepancia técnica entre el fiscal y la defensa sobre la vía de tramitación de los correspondientes procedimientos administrativos. "Qué mala conciencia debe tener Albiol para enturbiar de esta manera. Solo quiere desviar la atención", argumentó Guijarro ante un tuit de Albiol que tenía por objeto, tras saber de la petición de prisión de Fiscalía contra él por el 'Caso Antenas', poner el foco sobre la denuncia de Fiscalía que implica judicialmente al actual alcalde de Badalona. Parece que el alcalde socialista de #Badalona va dando lecciones sobre mí en las TV, pero ha olvidado que él ha sido imputado por prevaricación urbanística con pena de prisión de 1 a 4 años. Habíamos respetado la presunción de inocencia, a ver qué dice ahora sobre él mismo. pic.twitter.com/ExzEjvWNfH — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) March 9, 2023 Según los Estatutos del PP, en cuanto el juez abra juicio oral, algo que sucederá en los próximos días según fuentes judiciales consultadas por este diario, Albiol deberá ser suspendido de militancia si Génova cumple con el código del partido, al estar acusado por Fiscalía de un delito vinculado a la corrupción como es la prevaricación, tanto urbanística como ambiental. Lee todas las noticias de Badalona en EL PERIÓDICO Badalona

Fiscalía impulsó la denuncia al alcalde de Badalona por no sancionar a quienes edificaron en un espacio protegido

El escrito del Ministerio Público, al cual ha accedido EL PERIÓDICO, reprocha a Rubén Guijarro (PSC) no tramitar sanciones cuando era concejal de Urbanismo contra las personas que realizaron unas construcciones ilegales

El caso lo publicitó el exalcalde y candidato del PP en Badalona Xavier Garcia Albiol, a modo de berrinche tras recibir la petición de pena de prisión de Fiscalía por el 'Caso Antenas'

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