Los ayuntamientos de los municipios metropolitanos reclaman herramientas legales y más presupuesto del Estado para la gestión municipal de las políticas de vivienda en el marco de un nuevo Plan Estatal de la Vivienda, la principal herramienta de financiación de las políticas de vivienda en Catalunya.
Así lo han expresado este miércoles los máximos responsables de los ayuntamientos de Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Sabadell, reunidos en Badalona.
En los últimos años, de 2007 a 2017, el presupuesto del Plan Estatal de Vivienda se ha reducido en un 70%, de 1.155 M € a 466, según fuentes del AMB. Actualmente, el Gobierno español destina actualmente un 0,058% del PIB español a vivienda, frente al 1,8% de Francia, es decir, veinte veces menos.
Los alcaldes coinciden en su preocupación por el aumento de los precios del alquiler. En este sentido, exigen al Estado que “o bien impulse una nueva regulación de arrendamientos urbanos y acabe con los alquileres abusivos, o bien transfiera las competencias a la Generalitat”.
PACTO NACIONAL POR EL DERECHO A LA VIVENDA
Además, sin perjuicio del papel que puedan jugar las entidades municipalistas (FMC y AMC) así como las Diputaciones y el AMB, los seis municipios metropolitanos más poblados hacen frente común para reclamar a la Generalitat que convoque el Pacto Nacional por el Derecho a la Vivienda, ante la falta de herramientas legales y presupuestarias de las ciudades.
La idea es que esta convocatoria ponga las bases de una nueva política pública de vivienda basada en una visión y gestión que cuide de las necesidades municipales.
EN DEFENSA DE LA LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL
Por otra parte, las alcaldías metropolitanas consideran el anuncio del gobierno del PP de impugnar la nueva ley de emergencia habitacional, “un nuevo posicionamiento del gobierno español a favor de los bancos y un ataque al derecho a la vivienda”.
Este enfrentamiento en realidad comenzó con la Ley 4/2015, una ley impulsada a través de un amplio proceso de movilización ciudadana que recogió miles de firmas para corresponsabilizar a los grandes tenedores de viviendas vacías en la lucha contra la emergencia habitacional.
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